Seminario de la “Alianza” debate las políticas públicas agrarias desde la mirada de la agroecología

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José Rivadeneira, coordinador de la CEA (Ecuador)

AS-PTA/Brasil –

Por Claudia Guimarães

Este fue el tema del estudio presentado por José Rivadeneira – director de la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología (CEA), de Ecuador – en el Seminario de la Alianza por la Agroecología, llevado a cabo en Brasília, entre los días 3 y 6 de mayo de 2017.

Socia de la Alianza, la CEA es una red agroecológica de alcance nacional, conformada por ONGs, organizaciones de campesinos, de académicos, entre otras. Su estudio, realizado en el ámbito de la Alianza por la Agroecología, presentó un rayos-X de los grandes desafíos en el campo, como resumido a seguir.

Ecuador: concentración de la tierra y pérdida de conocimientos ancestrales

El ingeniero agrónomo empezó su presentación destacando que el progresismo, en el periodo pos neoliberal y de modernización del capitalismo, ha sido marcado por un modelo extractivista, por la inclusión desde el consumismo, por la imposición de la tecnocracia y el debilitamiento de la participación social. “Aunque el sistema no haya logrado resolver la pobreza, cuestionarlo no es fácil”, afirmó.

El estudio desarrollado por la CEA evidenció que los principales problemas vividos en el campo, en Ecuador, son muy similares a los de otros países latinoamericanos, enfatizando la concentración de los bienes naturales, la pobreza y migración, las desestructuraciones cultures y pérdida de conocimientos, y la destrucción de la naturaleza. “En nuestro país, hay cada vez más concentración de tierra, y nos imponen semillas certificadas e insumos. Además, enfrentamos una situación dónde el movimiento social está como que ´rebajado´, con una clara debilidad organizacional”.

En este marco, los desafíos son muchos, dijo, mencionando, entre otros, la ampliación de la autonomía, con énfasis en la planificación hacia la construcción de territorios agroecológicos y la promoción del diálogo de saberes. También defendió el principio de “vivir mejor con menos” y la importancia de concienciar la población urbana sobre el derecho a la alimentación sana.

Para José Rivadeneira, es fundamental replantear el desarrollo rural desde el bienestar de los pueblos, “que son confrontados a la modernización del campo desde la mirada del agronegocio”. Defendió el acceso a la tierra, “desde la perspectiva de crear cultura campesina y evitar mercantilización de la tierra” y el acceso al agua, “desde el principio de los ríos libres y la estabilidad de los ecosistemas”. Destacó aun la importancia de la defensa de las semillas criollas: “Sin agrobiodiversidad no hay agroecología ni soberanía alimentaria”.

En relación al sistema educativo, señaló que, en Ecuador, faltan buenas escuelas en el campo y más interacción con el mundo universitario. Pero remarcó también que “la agroecología está dispuesta a recrear conocimientos: en el territorio, difícilmente los conocimientos desde afuera sobrepasan lo que nosotros tenemos sobre nuestra propia realidad”.

Según el director de la CEA, para enfrentar esos desafíos, es necesario que las organizaciones agroecológicas miren también hacia sí mismo. En ese sentido, sugirió estimular articulaciones de organizaciones campesinas en territorios próximos, ejercer y profundizar derechos (de mujeres, jóvenes, adultos mayores) y la democracia, aumentar la capacidad de plantear políticas públicas nacionales en alianza con otros sectores, y fortalecer la presencia internacional en el área de la gobernanza agroalimentaria. “Necesitamos también reconocer nuestra fortaleza: el hecho de ser organizaciones territoriales con dominio en economía, conocimientos e incidencia política”, agregó.

Sobre la legislación de carácter nacional, José Rivadeneira expresó una mirada bastante crítica: “Todas las leyes limitan la participación de sectores de la sociedad en espacios de toma de decisiones”. Y dio algunos ejemplos: “A pesar de la declaración de principios y derechos de la Ley de la Tierra ser importante, es un vehículo para que se desenvuelva la lógica del agronegocio, facilitando, entre otras cosas, la presencia de capitales trasnacionales, cuya perspectiva es controlar tierras en las zonas de más renta diferencial”.

En relación a la Ley de Economía Popular y Solidaria, recordó que la misma exige que las organizaciones se especialicen y se adecuen al régimen del Servicio de Rentas Internas, y sean obligadas a transformar sus estructuras, adoptando una lógica de carácter “gerencial”. El problema, según él, es que “los costos administrativos son demasiado altos y las organizaciones de los más débiles quedan marginadas”.

En cuanto a la Ley de Agua, dijo que ella “adolece de falta de participación de la ciudadanía en la gestión integrada de los recursos hídricos, a través de las organizaciones sociales urbanas y rurales, en la estructura de la Autoridad Única del Agua”.

Si los desafíos son grandes, por otro lado, hay avances. “A nivel de municipios y gobiernos locales, se han emitido normativas favorables para apoyar la producción agroecológica, se ha facilitado que se desarrollen iniciativas de mercado local y proyectos de agroecología urbana”, resaltó.

Colombia: la resistencia de los agricultores campesinos y agroecológicos

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La politóloga Paula Álvarez Roa presenta el estudio de IMCA (Colombia)

El país carece de políticas públicas que fomenten la agricultura campesina y la agroecología; a pesar de ello, las comunidades a nivel local las desarrollan. Esta podría ser la síntesis del estudio producido por IMCA (Instituto Mayor Campesino), organización que forma parte de la Alianza por la Agroecología en Colombia.

Presentado por la politóloga Paula Álvarez Roa, el estudio mostró que, durante décadas, hubo un predominio por parte del gobierno nacional de un modelo de desarrollo rural basado en la agroexportación de materias primas, siguiendo los padrones de la llamada “revolución verde”, con uso intensivo de tierras, agua, agroquímicos y todo tipo de insumos (para leer el estudio, haz clic aquí: http://www.leisa-al.org/web/index.php/volumen-edicion-especial ).

La politóloga reveló una preocupante situación en cuanto a la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia.  “Para la FAO, el 11,4% de la población en el país está subalimentada, lo cual equivale a 5.5 millones de personas que padecen hambre”, señaló.

Paula Álvarez criticó la ley de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), de 2016, que “promueve alianzas productivas empresariales de campesinos con grandes empresas, dejando a los campesinos y mujeres rurales con menos posibilidades de acceder a tierra, subsidios y otro tipo de incentivos”. Y agregó que los “campesinos tienen que comprar de manera exclusiva semillas certificadas, patentadas por las multinacionales de los agronegócios y agroquímicos, tal y como estaba establecido en la Resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)”. 

Pese a este panorama, el estudio mostró los avances y desafíos de distintas experiencias que desarrollan una propuesta de desarrollo rural alternativo con enfoque agroecológico, y énfasis en el rescate e intercambio de semillas criollas y conocimientos asociados a su manejo y uso. Son ellas: el Resguardo Indígena Zenú, en San Andrés de Sotavento; la Asociación de Pescadores, Campesinos, Indígenas y Afrodescendientes para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú; los Huertos Circulares en Bancales de Sabana de la Altillanura Colombiana; la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca – Alimentos para la Vida; los Distritos Agrarios del Oriente Antioqueño; y Asociación de Pequeños Caficultores de La Marina (Asopecam).

La politóloga recordó también que el abastecimiento alimentario de las ciudades es proporcionado en casi un 30% por productores campesinos, “quienes no tienen líneas de crédito, ni subsidios”. Y afirmó que la cultura agroecológica se ha convertido en una forma de defender los territorios “como espacios de vida para la población rural”.

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FOTOS: Ubirajara Machado

 

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